Comparado con procesos electorales anteriores, la cifra de muertes violentas ha escalado a poco más de una semana de las elecciones en el país.
En México se han registrado numerosos casos de violencia política y, a poco más de una semana de las elecciones, se han contabilizado al menos 45 muertes violentas en contra de actores políticos.
De acuerdo con la organización no gubernamental Causa En Común, hay una cifra grande de actores políticos asesinados hasta la fecha, los cuales pertenecen a varios partidos políticos.
De acuerdo con el monitoreo que llevan a cabo desde junio de 2023, se ha presenciado un preocupante aumento en estos actos violentos.
Comparado con procesos electorales anteriores, de acuerdo con Causa En Común, en 2017-2018 se registraron 24 asesinatos y en 2020-2021 fueron 30. Sin embargo, en el proceso electoral actual 2023-2024, la cifra ha escalado a 45, afectando a aspirantes y candidatos a puestos de representación popular, funcionarios públicos activos, dirigentes y colaboradores partidistas.
Las víctimas pertenecían a diversos partidos políticos:
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con 17 muertes (37.8%); Partido Acción Nacional (PAN) con siete muertes (15.6%); Partido Revolucionario Institucional (PRI) con seis muertes (13.3%); Partido de la Revolución Democrática (PRD) con cuatro muertes (8.9%); Movimiento Ciudadano (MC) con tres muertes (6.7%); Partido Verde (PV) con cuatro muertes (8.9%); Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Solidario (PES) con una muerte cada uno (2.2%); Partidos Locales con dos muertes (4.4%).
Los estados más afectados, de acuerdo con el monitoreo de Causa En Común, por estos asesinatos a actores políticos durante lo que va del Proceso electoral 2023-2024, son:
Guerrero (10); Chiapas (5); Estado de México (2); Ciudad de México (1); Colima (1); Guanajuato (3); Jalisco (3); Michoacán (6); Morelos (1); Oaxaca (2); Puebla (2); Quintana Roo (1); Sinaloa (2); Tamaulipas (1); y Zacatecas (2).
Esta alarmante ola de violencia electoral subraya la necesidad de implementar medidas de seguridad más estrictas y efectivas para proteger a todos los participantes en el proceso electoral, asegurando así un entorno seguro y justo para el ejercicio de los derechos democráticos en México que se realizará el próximo domingo 2 de junio.