Martin Luther King Jr
La salud en México enfrenta uno de sus desafíos más grandes en 2025. Con una inflación médica que promedia un 10.4% a nivel global y un recorte presupuestal del 11% para el sector salud en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, las señales de alerta no pueden ser ignoradas. La disminución de 113,582.9 millones de pesos en el presupuesto de la Función Salud, combinado con un gasto per cápita para población sin seguridad social que caerá un 24.9%, tiene implicaciones graves para millones de mexicanos.
Un presupuesto insuficiente y desigual. México destinará apenas el 2.5% del PIB al sector salud en 2025, cuando la recomendación internacional es de al menos 6%. Este nivel de financiamiento perpetúa una brecha presupuestaria que requiere 3.5 puntos adicionales del PIB para avanzar hacia la cobertura universal en salud. Los recortes recaen principalmente en la población sin seguridad social, mientras que los afiliados al IMSS y al ISSSTE experimentarán incrementos en su gasto per cápita de hasta un 16.8%. Estas desigualdades reflejan un sistema segmentado que prioriza ciertos grupos y margina a otros.
Impacto en servicios y medicamentos. Los recortes a programas clave agravan la situación. El presupuesto para el programa de vacunación se reducirá en un 68.8%, mientras que los institutos nacionales, como el de Cancerología y el de Nutrición, enfrentan recortes del 14.7% y 12.3%, respectivamente. Además, la partida destinada a medicamentos y materiales médicos disminuirá un 3.7%, lo que afectará la capacidad de atención en un sistema ya saturado.
Con este panorama, las familias mexicanas tendrán que recurrir con mayor frecuencia a servicios privados. Actualmente, más del 46% de los gastos médicos en América Latina provienen del bolsillo de los pacientes, y México no será la excepción. Esta dinámica no solo incrementa las barreras de acceso, sino que también empuja a millones de mexicanos hacia la pobreza.
El círculo vicioso del gasto privado. El aumento en la dependencia de servicios privados y sociales tiene efectos directos en las finanzas familiares y nacionales. Cuando el gasto en salud se vuelve insostenible, las familias reducen su consumo en otras áreas, afectando la economía local. Además, los empleadores enfrentan primas más altas para sus esquemas de seguros, lo que eventualmente se traduce en menor competitividad empresarial.
Para las empresas, los costos de aseguramiento en salud, que ya representan un desafío, se agravarán con el aumento en los precios de los medicamentos y tratamientos de alta especialidad. Este fenómeno, combinado con la inflación médica, ejercerá una presión adicional sobre los recursos de las compañías y sus empleados.
Propuestas para mitigar la crisis. Aunque la situación es compleja, existen alternativas viables para revertir esta crisis:
1) Aumentar los ingresos fiscales específicos: Ajustar los impuestos al tabaco y al alcohol podría generar hasta 47.8 mil millones de pesos adicionales, suficiente para evitar el recorte a las instituciones que atienden a la población sin seguridad social. Este enfoque no solo garantizaría mayores recursos, sino que también promovería la prevención en salud.
2) Priorizar la prevención y la atención primaria: Invertir en programas de vacunación y en la detección temprana de enfermedades como el cáncer y la diabetes es más rentable que tratar complicaciones avanzadas. Este cambio de enfoque aliviaría la presión sobre los servicios especializados.
3) Fortalecer la colaboración público-privada: La creación de esquemas híbridos permitiría mejorar el acceso a servicios esenciales sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.
4) Revisar la asignación presupuestal: Es necesario garantizar que los recursos asignados al IMSS Bienestar se utilicen eficientemente, asegurando que los hospitales regionales y de alta especialidad reciban el financiamiento adecuado.
El costo de la inacción. La falta de acción tiene un costo incalculable, no solo en términos económicos, sino también sociales. Las enfermedades crónicas, que representan la mayor carga para el sistema de salud, seguirán aumentando si no se invierte en su prevención y tratamiento. Los años de vida perdidos por discapacidad o muerte prematura (DALYs) debido a enfermedades como la diabetes, hipertensión y cáncer, impactan no solo a las familias, sino también a la productividad del país.
El derecho a la salud no debe ser una aspiración, sino una realidad. Como nación, debemos priorizar las políticas públicas que cierren las brechas y garanticen un acceso equitativo a servicios esenciales. Es momento de actuar con visión y compromiso, porque la salud de México no puede esperar.
*El autor es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública, y es Legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura.
