Se trabaja para establecer la ruta legal para recuperar los 600 millones de pesos que invirtió la administración del exgobernador Miguel Barbosa en Banco Accendo.
El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, dio a conocer que la administración estatal de 2010, que fue encabezada por el exmandatario Mario Marín Torres, hoy preso por el delito de tortura cometido contra la periodista Lydia Cacho, endeudó las arcas estatales por 19 millones de pesos, que no fueron pagados a la Comisión Nacional del Deporte (Conade).
En rueda de prensa desde el CIS de Angelópolis, el titular del Ejecutivo poblano reveló que la gestión del exgobernador emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) heredó a los poblanos un compromiso fiscal con la Federación. Aseguró que esa es la razón por la cual el estado no ha albergado ningún evento de relevancia mundial desde entonces.
Defendió que es su obligación como mandatario dar a conocer los endeudamientos que atravesaron las gestiones pasadas, esto con la finalidad de subsanarlos y evitar un gasto mayor al erario poblano.
Apuntó, además, que es su responsabilidad explicar a la población las razones por las cuales se debe acotar el gasto en determinadas acciones, esto pese a que la deuda no la heredó su gobierno.
En otro orden de ideas, Céspedes Peregrina señaló que la actual titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Josefina Morales Guerrero, trabaja para establecer la ruta legal que seguirá el Estado poblano para recuperar los 600 millones de pesos que invirtió la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta en Banco Accendo, institución que se declaró en bancarrota en 2021.
Al respecto, expuso que la dependencia se encuentra revisando los documentos que dejó la extitular de la SPF, Teresa Castro Corro, quien renunció al cargo en junio pasado luego de ser llamada a comparecer ante el Congreso de Puebla por la inversión fallida.
Refirió que la revisión de los archivos es un acto contemplado en el proceso de entrega-recepción de toda administración, por lo que descartó que se trate de una persecución cometida contra alguna persona en particular.
Por otra parte, el mandatario poblano fue cuestionado por la carta pública que divulgó en redes sociales la esposa del exgobernador Barbosa Huerta, donde defendió que “hay dolo y desconocimiento en los señalamientos de supuesto daño patrimonial”, esto en relación a la inconsistencia fiscal que se detectó en los ejercicios de 2019 y 2021, por 722.3 millones de pesos.
Céspedes Peregrina señaló que, aunque respeta los diversos puntos de vista de la población, su trabajo es subsanar los compromisos fiscales heredados por su gobierno, independientemente de la gestión a la que perteneció.