La administración que encabeza Delfina Gómez Álvarez debe trabajar duro para pacificar una entidad con presencia de organizaciones delictivas.
Son varios los grupos delictivos de alto impacto que mantienen fuerte disputa por el control del Estado de México, que durante el pasado gobierno se convirtió en la tercera entidad más violenta del país.
Homicidios dolosos, feminicidios, narcomenudeo, robo a transporte público, pero sobre todo extorsión, son los principales delitos que aquejan al estado más poblado del país.
El enfrentamiento en Texcaltitlán, que dejó 14 muertos, evidenció el hartazgo de los habitantes al ser víctimas del “derecho de piso” y la extorsión, un tema que no se ha erradicado en la entidad, pues al contrario, los casos se han disparado en los últimos 6 años.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2018 se reportaron mil 629 extorsiones; para el siguiente año subieron a 2 mil 487 y en 2020 se registraron 2 mil 995.
En 2021, las extorsiones subieron a 3 mil 302, mientras que para 2022 se dispararon a 4 mil 153 casos. Y aunque el reporte solo tiene registro de los primeros 10 meses de 2023, ya hay 3 mil 431 denuncias por ese delito.
Durante 2018, había un promedio de 135 denuncias por mes, mientras que para 2012 fue de 436 casos. De enero a octubre de 2023, el promedio es de 343 extorsiones por mes.
Otro delito que se incrementó es el despojo. En 2018 se tiene registro de 3 mil 579 casos y para el año siguiente aumentó a 3 mil 696, mientras que para 2020, se disparó a 4 mil 559.
Para 2021, las cifras subieron a los casi 5 mil casos de despojo con 4 mil 921 denuncias, en tanto que en 2022 se reportaron 4 mil 752. En este año, 2023, solo se tiene el registro de los 10 primeros meses, en los que ya hay 4 mil 203 casos.
En promedio mensual, se tendría que en 2018 había 298 casos de despojo, mientras que para 2022 subió a 396. Actualmente hay un promedio de 420 denuncias.
La zona sur del Estado de México se encuentra bajo el control de un grupo delictivo de alto impacto, la llamada Familia Michoacana, por lo que autoridades la consideran como una zona roja por la inseguridad y violencia.
Los delincuentes han extorsionado durante décadas a campesinos y productores, especialmente a quienes se dedican al cultivo de aguacate, maíz, haba, avena y flores.
Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya, Texcaltitlán, Temascaltepec, Coatepec Harinas, Zumpahuacán, San Simón de Guerrero, Tenancingo y Villa Guerrero, son algunos de los municipios que tiene bajo su poder este grupo.
Los criminales se han apropiado de la cadena productiva por la venta de pollo, tortillas, huevo, gas doméstico, diésel y gasolina, incluso, antes de la pandemia de COVID-19, los precios de estos alimentos y combustibles los imponían los integrantes de este cartel, por lo que el precio del pollo y la carne roja, llegan a aumentar hasta un 32%.
La situación llegó a poblados de Toluca, Almoloya de Juárez y Zinacantepec, donde las víctimas de extorsión son tamaleros, tortillerías, carnicerías, verdulerías y cafeterías.
En el caso ocurrido en Texcaltitlán, los criminales pidieron a los pobladores un peso por cada metro cuadrado de siembra, para dejarlos cosechar, principalmente haba y chícharo. Los habitantes se negaron a pagar la extorsión y comenzó el enfrentamiento.
El Estado de México se ha caracterizado desde hace algunos años por ser uno de los epicentros de la violencia: cobro de piso de los más acentuados del país, los feminicidios, robo de autopartes, robo en transporte público, el robo en vía pública y homicidio afectan a la entidad.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 9 de cada 10 habitantes del Estado de México consideran que es una entidad insegura.
