Martí Batres afirmó que entre 2009 y 2021 hubo un “incremento exponencial” de inmuebles con niveles excedentes por encima de la norma.
El jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció que enviará al Congreso de la CDMX una iniciativa para reformar el Código Penal con el fin de imponer penas de hasta 20 años de prisión a servidores públicos involucrados en corrupción inmobiliaria.
En conferencia de prensa el mandatario afirmó que entre 2009 y 2021 hubo un “incremento exponencial” de inmuebles con niveles excedentes por encima de la norma.
En 2009 se registraron 12 casos en la Benito Juárez, y para 2022 fueron 158.
Batres Guadarrama aseguró que este fenómeno tiene otros efectos negativos como el encarecimiento de la vivienda, afectaciones en el acceso al agua y riesgos de protección civil, al ser inmuebles construidos de manera irregular.
“La corrupción inmobiliaria es en sí mismo un problema de carácter moral, porque significa un enriquecimiento ilícito de funcionarios, de servidores públicos y porque tiene impactos sociales, especialmente en el encarecimiento de la vivienda”, señaló.
La iniciativa que será enviada por el mandatario incluye un capítulo 15 en el Código Penal de la CDMX, en cuyo artículo 276 se establece que el delito de corrupción inmobiliaria lo comete “el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”.
La sanción será de entre 10 y 20 años de cárcel, y se agravarán en una mitad más, en los casos en que los servidores públicos involucrados obtenga un beneficio económico.