INEGI afectado por el recorte presupuestal


El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) anunció la cancelación y/o suspensión de 14 proyectos estadísticos para este año, luego de que no consiguió los recursos solicitados.
El Inegi cuenta con un presupuesto aprobado de 12 mil 129 millones de pesos, 500 millones de pesos menos de lo que había pedido al Congreso (17 mil millones) para realizar las operaciones previstas, informó el titular del organismo Julio Santaella Castell.
Los ajustes que realizó el Inegi afectaron a proyectos que no recibían financiamiento externo como
– Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA).
– Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO).
– Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas (ECOSUO).
– Encuesta Nacional de los Hogares (ENH).
– Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN).
– Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).
– Encuesta Nacional de Trabajo Infantil.
– Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).
– Encuesta de cobertura regional.
Las encuestas que recibían financiamiento externo y que tampoco se realizarán son:
– Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED).
– Encuesta Nacional de Uso de las Tecnologías de Información en los Hogares (ENDUTIH).
– Encuesta Nacional Sobre Uso del Tiempo.
– Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID).
– Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE).
A pesar de los ajustes, Santaella Castell dijo que el Inegi mantiene el compromiso de autonomía técnica y de gestión y no descartó la posibilidad de que el organismo presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la nueva la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, la cual prohíbe que los servidores públicos ganen más de los 108 mil pesos mensuales que percibe el Presidente.
La política de austeridad del Gobierno federal implicó la reducción de salarios de altos funcionarios y el recorte presupuestal en organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

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