El objetivo es alcanzar una cifra significativa de más de 15 mil firmas para demostrar al Congreso local que existe un sólido respaldo.
Vecinos de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México han lanzado una enérgica campaña para recolectar firmas en rechazo al Plan Inmobiliario (Programa General de Ordenamiento Territorial) y al Plan General de Desarrollo (PGD) en un esfuerzo por salvaguardar el agua y el territorio de la capital.
“Pedimos al Congreso que escuche nuestras voces y devuelva los proyectos de PGD y PGOT al Jefe de Gobierno, Martí Batres, para que se realice una nueva consulta”, indicaron.
Esta iniciativa, liderada por el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac (FDDPBOCA), una coalición que agrupa a 66 pueblos y barrios originarios y cuenta con la representación de 47 autoridades comunitarias, ha abarcado cerca de 13 mil firmas desde que se inició con la colecta.
El principal objetivo del FDDPBOCA es alcanzar una cifra significativa de más de 15 mil firmas para demostrar al Congreso local que existe un sólido respaldo entre la población en contra de los actuales proyectos de PGD y PGOT. Su solicitud es clara: quieren que se repita el proceso de consulta, esta vez con la participación activa y genuina de la comunidad, con la finalidad de crear planes que beneficien a todos los habitantes de la Ciudad de México.
“El mensaje es nítido, no permitiremos la imposición de un plan inmobiliario diseñado para despojar a los pueblos y favorecer a los grandes capitales, con ayuda de los partidos políticos”.
“El diputado Víctor Hugo Lobo dice que no tenemos propuestas, pero desde septiembre él y el Congreso CDMX tienen en sus manos nuestras propuestas concretas, fundadas en argumentos técnicos, para ordenar la reposición de la consulta y detener la imposición del PGOT, pruebas sobran”, se argumentó.
La controversia que rodea a estos documentos se remonta a 2022, cuando habitantes de alcaldías como Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Xochimilco y Álvaro Obregón acusaron al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) de cerrar las consultas de manera arbitraria. A pesar de las promesas de reponer la consulta pública, esta no se ha materializado, lo que ha aumentado la frustración de los ciudadanos.
Es importante destacar que los documentos en cuestión, el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, tienen un alcance significativo ya que influirán en la planificación y desarrollo de la Ciudad de México durante un período de 15 a 20 años una vez aprobados. Además, tendrán un impacto directo en el acceso al agua y en la preservación de un medio ambiente sano. Los ciudadanos han señalado la presencia de contradicciones legales y omisiones inaceptables en los documentos actuales.
Para abordar esta preocupación, se han propuesto foros de discusión, pero con restricciones notables en cuanto al tiempo y el acceso. Este enfoque ha generado más descontento y ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia y la inclusión en el proceso de toma de decisiones.
La lucha de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México en defensa del agua y el territorio se ha convertido en un movimiento significativo que busca influir en la toma de decisiones sobre el futuro desarrollo de la ciudad y la protección de sus recursos naturales. El debate sigue siendo un tema de gran importancia en la vida de la ciudad y sus habitantes.
“Pedimos que se rechacen los proyectos de PGD y PGOT y que se devuelvan para que se repita el proceso, con la participación real de la comunidad, para crear planes que beneficien a todos” manifestó el Encuentro de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias en Defensa del Territorio.
