Las denuncias involucran a la viuda de Ruiz Esparza, a sus hijos, así como a un empresario y a cuatro compañías, dos de ellas consideradas “empresas fachada”.
Previo a morir, Ruiz Esparza cedió su patrimonio, bienes, cuentas bancarias e inversiones a su esposa y su hijo.
La muerte de Gerardo Ruiz Esparza, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no ha frenado las indagatorias sobre una serie de irregularidades que se documentaron en su accionar como funcionario público y, ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) centró su investigación por lavado de dinero a su familia, un empresario y cuatro compañías.
La historia inicia con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interponiendo una denuncia en contra de Gerardo Ruiz Esparza por presuntos actos de corrupción cuando fungía como titular de la SCT. De hecho, en el 2020 la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR abrió una carpeta de investigación en su contra.
Pero, ante la muerte de dicho personaje, ocurrida el primero de abril de 2020, la Fiscalía decidió dictar el no ejercicio de la acción penal por lo correspondiente a su persona y se solicitó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) atraer el caso, por ser un delito de su competencia.
Es entonces que la historia toma un cariz inusitado, dado que en la indagatoria realizada por la UIF, las denuncias involucran a María del Rocío Dosal Noriega, viuda de Ruiz Esparza, así como a sus hijos Karla y Gerardo Ruiz Dosal, éste último fue secretario particular de Jesús Murillo Karam en la anterior Procuraduría General de la República (PGR).
En la denuncia también se contempla a Víctor Manuel Gómez Rodríguez, así como a las empresas Bay View S. A. de C. V.; Controladora de Negocios S. A. de C. V.; Compu Draz Comercializadora S. A. de C. V., y Asesores Contables Administrativos VICMA, S. A. de C. V., dos de las cuales son presuntamente “empresas fachada” que habrían sido usadas para simular contratos o triangular recursos desviados en la llamada “Estafa Maestra”.
Se trata de Compu Draz Comercializadora, que está dentro de las 15 compañías fachada que sirvieron para retirar 708 millones de pesos en efectivo, provenientes de contratos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Sedesol, de 2014 a 2017, cuando estaba a cargo de Rosario Robles Berlanga; la otra es Asesores Contables Administrativos VICMA, que fue subcontratada por la cantidad de 185 millones 839 mil 480 pesos gracias a un convenio que la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, del estado de Hidalgo, tenía con la Sedatu.
Por lo que respecta a Víctor Manuel Gómez Rodríguez, fue contratado para automatizar una base de datos generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero; no obstante, la investigación de la FGR verificó que nunca se realizó dicho trabajo.
No hay que perder de vista que, en el sexenio pasado, el nombre de Ruiz Esparza estuvo vinculado con sonados casos de corrupción: OHL, la cancelación del tren México-Querétaro, relacionado esta determinación con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su ex esposa Angélica Rivera; el Tren México-Toluca; el Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca; el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM); la Estafa Maestra y otros miles de millones de pesos en irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Un dato es de destacar: previo a morir, Ruiz Esparza cedió su patrimonio — bienes, cuentas bancarias e inversiones – a su esposa y su hijo, quienes el 21 de marzo de 2019, crearon la empresa constructora Rudosa, S.A. de C.V. en Toluca.
