Indicaron que la construcción de casas responde al irregular cambio de suelo por parte del ayuntamiento.
Integrantes de los Bienes comunales de Acatzingo, municipio de Tenancingo, pidieron a las autoridades judiciales correspondientes que intervengan, pues fueron alterados los derechos de 20 hectáreas de sus tierras comunales que corresponden a la parcela 737.
En conferencia de prensa, los representantes explicaron que, desde hace 39 años, más de 320 comuneros indígenas de la localidad de San Pedro Acatzingo resultaron afectados por el “robo” de una parcela de 920 hectáreas, donde hoy, de manera ilegal, se lleva a cabo la construcción de 11 casas de un valor aproximado de 5 millones de pesos.
De acuerdo con el representante legal de los comuneros, dicha parcela se les entregó bajo un decreto presidencial el 1 de octubre de 1947; sin embargo, autoridades municipales a la fecha han hecho entrega de permisos “irregulares” y de esta forma iniciar con la construcción de las viviendas.
Indicaron que la construcción de estas casas responde al irregular cambio de suelo por parte del ayuntamiento, que entregó más de 5 millones de pesos para la construcción de 11 casas de aproximadamente 300 metros en estas 920 hectáreas que comprende la parcela.
Los comuneros indicaron que cuentan con un documento ante el juez séptimo de distrito en materia de amparo, para evitar la construcción de más casas en ese polígono.
Los representantes de la comunidad indígena matlatzinca señalaron que dichas tierras se rigen por usos y costumbres, pero sin su permiso fueron fraccionadas y se han apoderado los constructores de sus tierras comunales.
Añadieron que las autoridades locales y estatales otorgaron permisos para la lotificación de las tierras, pese a que tienen carácter propio y son autónomas al municipio. Por lo que la asamblea general de comuneros, integrada por aproximadamente 320 personas de Acatzingo, acudieron ante los juzgados federales para que la propiedad de estas tierras se dirima en esta instancia.
Las tierras, detallaron, fueron otorgadas a esta comunidad mediante un decreto del 1 de octubre de 1947, en tanto hay una solución, anunciaron que realizarán un frente común en defensa de sus tierras, del agua y de los bosques debido a que las autoridades les han quitado sus permisos de agua y han entregado permisos que, según este grupo, no tienen la facultad de entregarlos por lo que exigen no fraccionar en el polígono comunal.
