En 2019 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló al magistrado de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El juez federal Daniel Ramírez Peña, quien determinó que no había delito que perseguir en el caso del Viaducto Bicentenario, dictó una sentencia absolutoria en favor de un magistrado de circuito, a quien se le seguía juicio por enriquecimiento ilícito.
Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado difundido este jueves, en el que detalla que dicho procurador de justicia emitió el “sobreseimiento absolutamente ilegal y abusivo” en contra del Estado Mexicano y de sus bienes en el caso del Viaducto Bicentenario.
FGR apuntó que el 29 de junio de 2023, Ramírez Peña dictó la sentencia absolutoria en favor del magistrado, en la causa penal 519/2019, en materia federal.
Según este comunicado, el juez absolvió al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez del delito de enriquecimiento ilícito, por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La FGR afirma que fue una decisión “aberrante”:
“En esa aberrante sentencia absolutoria, esgrimió en contra de jurisprudencia expresa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y llegó al extremo de manifestar que era respetable que los jueces realicen actos ilícitos, siempre y cuando sea en el marco de su vida personal”.
Uno de los argumentos que utilizó el juez es que el delito no se cometió en la función pública sino en su vida personal, por lo que no encuadraba en el delito de enriquecimiento ilícito.
La entonces subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera declaró que “la corrupción de funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez fue clave para la estrategia de crecimiento del CJNG y otras organizaciones de la delincuencia organizada.
La Fiscalía aseguró que ya se logró que Isidro Avelar Gutiérrez fuera destituido del Poder Judicial Federal.
Ahora, en el caso del Viaducto Bicentenario, al juez Daniel Ramírez Peña ya se le siguen todos los procedimientos legales, “para demostrar su conducta ilegal, abusiva y parcial, en contra de los intereses de la nación”, dice la FGR.