Por: Marco A. Mares
El próximo martes se concretará la extinción de los órganos autónomos como hasta ahora se conocen.
Es otro signo del cambio de paradigma en el sistema gubernamental mexicano, iniciado el sexenio pasado.
Es la continuación del desmantelamiento institucional por motivos ideológicos.
Implica la desaparición de un conjunto de instituciones independientes del gobierno.
Estas fueron creadas para evitar decisiones discrecionales de los representantes gubernamentales.
El objetivo de su creación es que cuerpos colegiados expertos en las distintas materias analicen, tracen la regulación correspondiente y ejerzan tareas de supervisión y sanción de los agentes obligados.
Son órganos autónomos del gobierno que velan por la transparencia, protección de datos; la competencia en general y, en telecomunicaciones y radiodifusión en particular, o la regulación en el ámbito energético: hidrocarburos y electricidad; y, democracia.
Son instituciones relativamente jóvenes, que venían registrando un desarrollo imperfecto, pero en la dirección correcta.
La Comisión Antimonopolios ha jugado un papel destacado en la preservación de la sana competencia y ha sancionado prácticas anticompetitivas y recaudado multimillonarias cantidades, en defensa de los consumidores.
El IFT con todo y sus bemoles, ha logrado democratizar el uso de la telefonía móvil el internet y la banda ancha, ha inducido la reducción tarifaria y muchas otras ventajas, también a favor de los usuarios.
El INAI ha permitido que se conozca información relevante para la sociedad.
Coneval ha hecho un exitoso escrutinio de los programas sociales.
Y las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y de Energía, participaron en la incipiente construcción del modelo energético.
Aquel que permitió el inicio de la apertura a la participación privada nacional e internacional en la exploración y explotación de los hidrocarburos y un mercado eléctrico competido. Modelo energético que se ha echado para atrás con la contrarreforma energética.
Con la extinción de los órganos autónomos, se eliminarán contrapesos institucionales al Poder Ejecutivo.
Implica una mayor concentración del poder y el desmantelamiento de un entramado institucional, bajo la excusa de la austeridad gubernamental.
Se extinguirán, absorberán o se modificará su estatus, en algunos casos, para reconvertirlos y dar la apariencia de que con “independencia técnica” cumplirán con los requisitos que dispone el T-MEC.
Son siete los órganos autónomos que están a punto de la extinción: 1.- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), 2.-Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), 3.-Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 4.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 5.- Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), 6.- Comisión Reguladora de Energía (CRE) y 7.- Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
Estos órganos representan hasta ahora un contrapeso y un valladar a decisiones discrecionales frente a los ciclos políticos
El propósito, de acuerdo con la fundamentación oficial, es simplificar y optimizar la administración pública.
Pretenden ahorrar recursos, y centralizar responsabilidades para hacerlas más eficaces, según los promotores de la reforma.
La realidad es que su extinción, pinta muy poco, en términos presupuestales.
Y el resultado de su desaparición, será la concentración de facultades en el gobierno que lo convertirán en juez y parte.
La imparcialidad en la regulación, vigilancia y sanción de los agentes económicos, por parte del gobierno muy probablemente no tendrá la imparcialidad y transparencia necesarias.
Con la extinción de los órganos autónomos, los agentes económicos involucrados tendrán que decir adiós a la neutralidad. Al tiempo.