Un ejemplo es lo ocurrido con la fábrica “El Oso”, la cual denuncia haber sido víctima de extorsión por parte del crimen organizado.
La crisis económica ha afectado a todos los niveles en el país, sin embargo el cobro de piso que ocurre por parte de organizaciones criminales a varias empresas, teniendo un impacto negativo en las inversiones, asfixiando a las pequeñas y medianas empresas.
Tras la pandemia, aumentaron los casos de que grupos que cobran derecho de piso a pequeñas y medianas empresas aumentaron los costos de su impuesto.
Muchos reportes han manifestado que la extorsión es la actividad criminal que ha impactado con mayor fuerza en las grandes, medianas y pequeñas empresas en el país, como resultado de los intentos del crimen organizado por controlar las economías locales.
Más allá de las experiencias directas por parte de las empresas con el crimen y la violencia, es importante reconocer que existen otras múltiples formas indirectas a través de las cuales las empresas se ven afectadas.

Lamentablemente grupos criminales se apoderan de los mercados legales para regular los precios o incluso convertirse en proveedores de algunos servicios, el acceso a los insumos puede volverse limitado, frenando en última instancia las actividades económicas de las empresas y generando pérdidas de productividad.
En términos más amplios, la violencia genera percepciones de incertidumbre y riesgo, distorsionando así las oportunidades de negocio y limitando las decisiones de inversión.
Además resulta un tanto ingenuo pensar que las policías van a resolver el problema de la extorsión, siendo que, precisamente, una de las características de este delito es que tienen un componente de colusión con las autoridades.
Esto como ejemplo de las muchas formas en las que pueden desarrollar estos delitos, mencionando que hay extorsiones predatorias, que nada más están buscando extraer rentas; extorsiones protectivas, en las que llegue otra persona o conjunto que diga “para evitar que te pase eso, yo te protejo, pero entonces págame”.
Aunque las grandes firmas no están exentas de sufrir los efectos de estas extorsiones, son las pequeñas y medianas empresas las que están más expuestas, situación de suma gravedad al considerar que estas representan más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto y sobre el 80 por ciento del empleo formal, no obstante, tienen una esperanza de vida media menor a dos años

Destaca las afectaciones al sistema económico nacional en general, puesto que las cantidades de dinero que los criminales obtienen por las extorsiones no solamente no fluye en las venas de la economía formal, tampoco se pagan impuestos. Es un recurso que termina generando un boquete importante al pago de impuestos.
Uno de los últimos casos que se suscitaron, fue la ocurrida en la fábrica “El Oso” que denunció haber sido víctima del delito de extorsión por parte de grupos criminales.
Además en días recientes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la alcaldía Benito Juárez vaciaron las instalaciones de las instalaciones, mientras esto se desarrollaba, esta empresa fue víctima de actos de rapiña cuando la limitada presencia policial no logró controlar a las personas que ingresaron al lugar para sustraer cajas, bolsas y mercancías de la empresa.
La fábrica se pronunció mediante un comunicado en donde señalan haber sido víctima de extorsión por parte del crimen organizado y señaló a autoridades corruptas como cómplices en los hechos que llevaron al desalojo.
“Han invadido nuestro patrimonio, destruyendo nuestra fuente de trabajo y llevándose nuestros productos. Esto no es solo un desalojo, es un ataque directo contra nuestra empresa y nuestra historia”, se lee en el mensaje difundido por la compañía.