El PJEdoméx y la Universidad Intercultural del Estado de México firmaron un Convenio Macro de Colaboración para el intercambio de acervo académico y documental.
Durante la tercera sesión itinerante de la SAI que se desarrolló en la Universidad Intercultural del Estado de México y encabezada por Ricardo Sodi Cuellar, titular del PJEdoméx se firmó un Convenio Macro de Colaboración para el intercambio de acervo académico y documental, cuya finalidad es crear diplomados y seminarios de Interculturalismo jurídico, además del apoyo institucional para identificar intérpretes y traductores.
Sodi Cuellar destacó el compromiso del PJEdoméx con el acceso a la justicia plena y efectiva para los pueblos indígenas, resaltando la labor de la Sala de Asuntos Indígenas.
Reconoció la importancia de que estas comunidades preserven y transmitan sus tradiciones culturales y lingüísticas, ya que constituyen una riqueza invaluable para el país y un elemento distintivo a nivel mundial; enfatizó la necesidad de transmitir las lenguas originarias como el náhuatl y el tlahuica a través de diversos medios para que las nuevas generaciones las conozcan y mantengan vivas.
Sodi Cuellar llamó a actualizar las leyes para hacerlas más comprensibles y menos formalistas; también propuso la creación de un anuario de derecho indígena y promover la enseñanza del derecho intercultural, aspirando a tender puentes de entendimiento entre los usos y costumbres de los pueblos indígenas y el derecho positivo mexicano.
El Rector de la Universidad Intercultural, Antolín Celote Preciado, enfatizó la importancia de fortalecer la educación lingüística en el sistema judicial, en el marco de la reciente reforma constitucional de septiembre de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho.
Subrayó que con este convenio se reafirma el compromiso de acercar la justicia a las comunidades indígenas, impulsando el conocimiento jurídico en áreas como derechos humanos, derecho a la tierra, al agua, al trabajo y, de forma esencial, los derechos lingüísticos para construir un México más justo y equitativo.
Fue Rocío Sabino Nava, docente de la Universidad Intercultural y originaria de la comunidad Tlahuica, quién destacó la labor de los intérpretes en los procesos judiciales para garantizar el acceso equitativo a la justicia para los pueblos originarios.
Subrayó que, aunque la interpretación de lenguas indígenas en el ámbito judicial es una práctica antigua, la profesionalización de los intérpretes y traductores sigue siendo un desafío en México. Destacó la creación de un centro de acreditación de intérpretes en la universidad.
Durante esta sesión también se analizó el caso de una mujer náhuatl acusada de violación a quien se le garantizó un intérprete en su lengua, confirmando el organismo su sentencia, al determinar que la condición indígena no exonera de responsabilidad penal.
La Sala emitió una opinión consultiva sobre la falta de abogados que dominen tanto la lengua como el contexto cultural de la mixteca baja, de donde proviene una mujer relacionada con un asunto patrimonial. En respuesta, el órgano judicial dictaminó que un intérprete debe acompañar al defensor de oficio asignado para reducir las barreras lingüísticas y culturales en el proceso.
Por estos motivos la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México otorgó la libertad a una mujer afrodescendiente, originaria de la Costa Chica de Oaxaca, quien había sido condenada a 40 años de prisión por extorsión.