En México, durante el 2020, ese tipo de violencia la padecieron 47.3% de las mujeres viudas y separadas, y un 28.1% las mujeres casadas; en tanto que el rango de edad de estas mujeres es de 35 y 44 años.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local acordó solicitar la opinión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) respecto a la iniciativa del grupo parlamentario del PRD para tipificar la violencia económica contra las mujeres y establecer penas de hasta siete años de prisión en contra de quien la ejerza.
Esto, después de que el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), presidente de la comisión, explicó que se busca incorporar al Código Penal la violencia patrimonial o económica como parte de la violencia familiar, para que al integrante de un núcleo familiar que haga uso de esta, se le impongan penas de tres a siete años de prisión y tratamiento psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo.
Se indicó que es necesario atender a este hecho, ya que este tipo de agresión siempre ha existido a lo largo de la historia, además de ser una de las violencias que más vulneran a las mujeres, a sus descendientes o núcleo familiar y debe ser sancionada.
La iniciativa indica que hasta 2020 la violencia económica prevalecía en el país en un 47.3 por ciento en mujeres separadas, divorciadas o viudas, y en 28.1 por ciento en mujeres casadas; no obstante, sólo 7.9 por ciento de mujeres denunció violencia económica en su contra.
La Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia acordó solicitar a la Junta de Coordinación Política una reunión con autoridades del Tribunal de Justicia Administrativa de entidad a fin de opinar sobre la iniciativa de reforma a su ley orgánica impulsada por el diputado Maurilio Hernández González (Morena). El diputado Gerardo Ulloa apuntó la necesidad de que el TRIAJEM aporte al fortalecimiento de la propuesta.
Durante la reunión el secretario de la comisión, Alfredo Quiroz Fuentes, dio lectura al proyecto de decreto en donde se menciona que la violencia económica existe y es ejercida con frecuencia.
De acuerdo al INEGI, en México, en el 2020 esa violencia la padecen 47.3% de las mujeres con estado civil de viudas y separadas, un 28.1% de las mujeres casadas; en tanto que el rango de edad de estas mujeres es de 35 y 44 años, se refirió.
Además se estima que quienes denunciaron ese tipo de conductas son cerca de 71.9% y ese tipo de violencia se encuentra en Ley General de Acceso de las Mujeres a Libre de Violencia, en su fracción cuarta.
En el texto los diputados de la bancada perredista en la 61 legislatura mexiquense, Omar Ortega Álvarez, coordinador, así como las diputadas Viridiana Fuentes Cruz y María Elida Castelán, destacan que no debe normalizarse ningún tipo de violencia y en particular la económica al romper paradigmas y códigos.
Asimismo, dan cuenta que la entidad mexiquense es una de los estados del país más peligrosos para las mujeres pues se han cometido 93 feminicidios.
Al inicio de la reunión, Ulloa Pérez aclaró que, según la propuesta enviada por los diputados y diputadas perredistas para su estudio y análisis, solo sería por la reforma al Código Penal estatal.
Más no en las reformas a la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de México, pues esta última se abrogó en julio de 2020, en lo que coincidieron legisladores y secretarios técnicos previamente, apuntó.
En el caso de la propuesta del diputado Maurilio Hernández, se tratará de convocar a los funcionarios del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México para que emitan sus opiniones del proyecto, expresó.
