Las empresas de outsourcing son las que más incurren, indica la iniciativa de reforma al Código Penal.
Al señalar que la pandemia ocasionó la flexibilización de las garantías laborales y toda clase de prácticas vejatorias que condicionan el acceso a un empleo, el diputado Sergio García Sosa, coordinador parlamentario del PT en el Congreso local, propuso sanciones de uno hasta cuatro años de prisión al patrón que obligue o condicione por cualquier medio a una persona a firmar documentación en blanco para su contratación o en cualquier momento de la relación laboral.
En este sentido, de acuerdo con la iniciativa de reformas al Código Penal, los tribunales laborales diariamente abordan este tipo de demandas y resulta preocupante que las empresas que más acuden a esta práctica son las menos reguladas y que menores responsabilidades guardan frente a sus trabajadores, específicamente las que operan bajo el esquema de subcontratación (outsourcing).
De acuerdo con el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI), quien expuso la propuesta, la firma en blanco se define como aquella puesta de antemano por el trabajador sobre una hoja de papel en blanco o un documento sin fecha determinada, con el fin de que sea llenado posteriormente por el patrón con declaraciones o renuncias de derechos
Por ello, se considera urgente que la legislación penal condene y reconozca estas prácticas ultrajantes, por lo cual es necesario establecer garantías para que las y los trabajadores denuncien abusos sin poner en riesgo su contratación, además de sancionar a los patrones.
Agrega, que aun cuando la Ley Federal del Trabajo establece de forma expresa la prohibición de exigir la firma de papeles en blanco en las relaciones laborales, no establece sanciones ejemplares que ayuden a desincentivar los abusos, en tanto que el Código Penal es omisa en cuanto a las renuncias en blanco, por lo que se propone precisar la comisión de este delito y sus sanciones, al equipararlo con el delito de falsificación de documentos privados.
La iniciativa fue remitida a dictamen de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
