A la reunión de titulares de los órganos de fiscalización, acudieron representantes de 21 estados del país.
La coordinación entre los órganos fiscalizadores del país —pese a la inactividad del Sistema Nacional de Fiscalización—, y la capacitación de sus servidores públicos, son áreas de oportunidad para enfrentar la corrupción, fenómeno que se ha convertido en el picaporte de los grandes crímenes de la sociedad a nivel mundial y cuya responsabilidad para combatirla no es de una persona o de una institución sino multifactorial.
Con la asistencia de seis auditores superiores y autoridades investigadoras de 21 entidades federativas, se llevó a cabo el primer día de trabajo de la “Tercera Reunión Nacional de Autoridades Investigadoras de Entidades de Fiscalización Superior Locales”, en la cual, la Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Miroslava Carrillo Martínez, reconoció la persistencia de las y los servidores públicos quienes desde pandemia han estado en permanente comunicación y colaboración para mejorar la tarea de las instancias de fiscalización.
En la ponencia “Sistema de Responsabilidades Administrativas en el marco de la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción”, Sergio Eduardo Huacuja Betancourt hizo un recorrido histórico de cómo, a través de una iniciativa ciudadana, surgió el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual dio pauta a la creación de las unidades de investigación en los órganos fiscalizadores del país para dar respuesta a la sociedad en el flagelo social de la corrupción, que no es exclusivo de México.
A ocho años de haber entrado en vigor el SNA, indicó, no hay que perder de vista sus tres vertientes: prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; sin dejar atrás el manejo, control y fiscalización de recursos públicos, materia de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Sostuvo que con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), la cual es garantista y respetuosa de los principios en materia de derechos humanos, se acabó el monopolio de que las autoridades que investigan son las mismas que sancionan; destacó que hay una deuda muy grande ante la ciudadanía para que vuelvan a creer en el SNA y mitigar el fenómeno presente y amenazador de la desconfianza debido a los índices de impunidad.
Asimismo, con el tema “Los retos de la fiscalización en México”, los auditores del Estado de México, Hidalgo y Tabasco, Miroslava Carrillo Martínez, Jorge Valverde Islas y Alejandro Álvarez González, coincidieron en la dificultad de procurar una homologación porque hay órganos auditores adelantados en la parte operativa y normativa o en el desarrollo tecnológico; la necesidad de seguir trabajando en la parte técnica; enfrentar los periodos de tiempo para fincar posibles faltas administrativas.
El representante de Hidalgo indicó que, por ejemplo, ya cuenta con área de investigación; llevan a cabo auditorías digitales en 40 municipios de la huasteca; reactivaron el sistema de denuncias; han dado de baja a más de servidores públicos; dejaron de condonar las multas por temas de corrupción; en tanto que el de Tabasco llamó la atención en las jurisprudencias en las que se acortan los tiempos para presentar una denuncia y su resolución.
La Auditora Superior del OSFEM llamó a fortalecer la coordinación, pero también a asumir una actitud de corresponsabilidad con las autoridades resolutoras para un actuar expedito; exhortó además a imitar lo bueno cuando alguien ya abrió brecha.
En el evento participaron Magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) y de la Ciudad de México con las ponencias “Estandarización de pruebas y decisiones: perspectiva en materia de responsabilidades administrativas”, “Sistema de Responsabilidades Administrativas en el marco de la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción: Tópicos relevantes para las autoridades investigadoras” y “Principio de imparcialidad en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el Sistema de Responsabilidades Administrativas en el marco de la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción”.
En su intervención, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México del Poder Judicial de la Federación, cerró la jornada de trabajo con la ponencia “El principio non bis in idem en la reclasificación de la falta administrativa”.
Acudieron auditores superiores de Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Tabasco, y Veracruz; así como autoridades de investigación de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
