Las autoridades capitalinas ignoran manifestaciones de pueblos y barrios originarios que exigen detener mega obras y no dar más permisos de agua.
La Asamblea del pueblo En Defensa de Tepepan ha intensificado su resistencia, exigiendo a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) un dictamen de impacto ambiental negativo para la mega construcción Green Studios en Callejón Abasolo 28. Este llamado se basa en las flagrantes irregularidades durante la llamada “consulta vecinal para mega construcciones” realizada por la empresa GMI Consulting, la misma que trabaja para la aprobación de dictámenes similares en el proyecto Complejo Estadio Azteca.
La Asamblea, respaldada por más de 500 firmas, indicó que logrado una suspensión definitiva en un juicio de amparo contra Sacmex, la primera instancia en emitir un dictamen de factibilidad hídrica en favor de la empresa. El juicio está a la espera de la sentencia, “mientras la alcaldía Xochimilco se niega a ejecutar la demolición de la construcción ilegal en Callejón Abasolo 28, manteniendo evidentes relaciones de complicidad con la empresa”.
Se acusó que la “consulta vecinal para mega construcciones”, fue engañosamente presentada como una “consulta indígena”, pues se indicó que es un procedimiento administrativo obligatorio para construcciones de más de 10 mil metros cuadrados. Sin embargo, la Asamblea ha demostrado que GMI Consulting llevó a cabo esta consulta con engaños, violando los derechos colectivos de los pueblos originarios consagrados en las Constituciones nacional y de la Ciudad de México, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
A lo largo de 2023, la comisión electa por la Asamblea, que se reúne semanalmente, mostró y demostró en siete mesas de trabajo en la Dirección de Concertación Política del gobierno capitalino que la obra no se construirá sin una consulta indígena completa y vinculante.
La mega construcción amenaza con graves impactos ambientales. Se estima que consumirá 810 mil litros de agua potable en 18 meses de construcción y 90 mil litros al mes durante su operación. La captación de agua pluvial para los pozos del pueblo se verá amenazada por la construcción de 14-18 mega cisternas, afectando el abastecimiento de pozos propios. Además, durante la construcción, se esperan alrededor de 100 camiones de volteo diarios, generando colapsos viales, y una vez operativa, la obra contribuirá con 101 cajones de estacionamiento y hasta 250 personas trabajando diario, multiplicando el tráfico, la contaminación y el ruido.
El proyecto también ha resultado en la destrucción de aproximadamente 100 árboles, bajo el pretexto de que están secos, aunque vecinos afirman que están siendo secados deliberadamente. Además, la fauna local, incluyendo cacomiztles, tlacuaches y diversas aves, se verá forzada a desplazarse.
La posible emisión de un dictamen de impacto ambiental positivo por parte de la Sedema contradice el mensaje reciente del jefe de Gobierno, Martí Batres, sobre la crisis hídrica en la ciudad.
Finalmente, la Asamblea, junto con el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, anunció que ha entregado un oficio instando a detener proyectos inmobiliarios que afectan el suministro de agua y a democratizar su gestión.
