Los militares habrían desaparecido los cuerpos con ayuda de grupos locales: International Crisis Group
En el año 2021, en Michoacán se registró una masacre para contrarrestar el avance del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); el Ejército mexicano habría adoptado una estrategia que involucró la colaboración con grupos criminales locales rivales del grupo criminal que comanda Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de acuerdo con información revelada por International Crisis Group.
El documento titulado “El laberinto de los generales: crimen y militares en México” detalla que miembros de dos grupos criminales, un alto funcionario federal, soldados y autoridades locales se coordinaron para formar un frente común contra el grupo criminal de El Mencho.
Esta alianza de facto permitía que los miembros de las Fuerzas Especiales del Ejército y los grupos criminales locales llevaran a cabo operaciones conjuntas.
Así, en una serie de combates en y alrededor de Taixtán, municipio de Tepalcatepec, y El Terrero, en el municipio de Buenavista, las Fuerzas Especiales del Ejército mexicano lograron eliminar a cerca de 400 combatientes del CJNG.
Crisis Group señala que “una fuente confirmó que murieron unas 400 personas. Estas muertes no habían sido reportadas anteriormente. Tampoco se reflejan en las estadísticas de homicidios o desapariciones”.
Los líderes y combatientes criminales, así como funcionarios del estado, confirmaron que los soldados mataron a decenas de miembros del Cártel Jalisco y que los cuerpos fueron desaparecidos con ayuda de los grupos criminales locales.
Hay que mencionar que en los últimos años, México ha visto cómo la violencia criminal se ha mantenido en niveles alarmantes a pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir el crimen organizado. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado más tropas que cualquier otra administración anterior, pero los resultados en términos de reducción de violencia han sido mixtos.
El informe de International Crisis Group también revela que ha habido una oferta tácita, a veces explícita, por parte del Estado mexicano a estos grupos para reducir la violencia abierta a cambio de mayores libertades en su control territorial.
Según la investigación, las políticas de seguridad implementadas bajo el mandato de López Obrador han resultado en un tipo de modus vivendi en el que los grupos criminales aceptan reducir y ocultar la violencia a cambio de la permisividad estatal para controlar y expandir sus operaciones.
En estados como Michoacán, Veracruz, Colima y Guerrero, esta dinámica ha permitido que las organizaciones criminales diversifiquen sus actividades ilícitas mientras mantienen un perfil bajo en términos de violencia visible.
Las revelaciones del informe de International Crisis Group destacan una realidad incómoda y compleja en la lucha contra el crimen organizado en México. La colusión entre autoridades y grupos criminales, aun cuando puede haber reducido temporalmente la violencia visible, ha permitido una mayor consolidación del control criminal sobre ciertos territorios.
