Presentará denuncias ante autoridades de EUA y reforzará las acciones diplomáticas para exigir justicia por 17 mexicanos fallecidos.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció el inicio de acciones legales y diplomáticas para exigir el esclarecimiento de las muertes de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas en situaciones relacionadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su administración no será omisa ante estos hechos y reiteró el compromiso de defender los derechos de las y los connacionales. Señaló que el Gobierno mexicano agotará todas las vías legales y diplomáticas para que los casos sean investigados y se deslinden responsabilidades.
De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, se tiene registro de 14 mexicanos fallecidos mientras permanecían bajo custodia en centros de detención de ICE y tres más durante operativos migratorios, entre ellos el caso de Lorenzo Salgado Araujo, quien perdió la vida el pasado 7 de julio en Houston, Texas.
Como parte de las acciones anunciadas, la SRE solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar denuncias formales ante las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, además de impulsar procedimientos civiles contra las empresas privadas responsables de operar los centros de detención donde ocurrieron los fallecimientos.
Asimismo, la Cancillería informó que enviará cartas de “Cease and Desist” (cese y desistimiento) a las empresas encargadas de dichos centros, con el objetivo de exigir el cese de prácticas y condiciones que, presuntamente, vulneran los derechos humanos de las personas migrantes. Paralelamente, el Gobierno de México ha remitido 11 notas diplomáticas de protesta al gobierno estadounidense y ha solicitado la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para dar seguimiento a los casos y garantizar el acceso a la justicia para las familias de las víctimas.
