Por Luis Pinal Da Silva
Las medidas cautelares que dictó el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego abrió un debate sobre los alcances legales que tiene el instituto para limitar la libertad de expresión.
¿Puede el INE emitir medidas cautelares a cualquier ciudadano que no sea funcionario público en función de garantizar que no haya violencia política de género?
El ex consejero electoral Ciro Murayama asegura que sí, pero no ofrece argumento jurídico irrefutable.
Si el INE se va a convertir en el “Gran Hermano’’, que vigile las conversaciones privadas y sancione las expresiones públicas de cualquier ciudadano, estamos en un grave problema.
Las medidas cautelares que dictó el INE en contra del empresario fueron la consecuencia de una queja que interpuso la senadora Citlalli Hernández, también secretaria general de Morena, por mensajes que la legisladora consideró “violencia política de género’’.
A partir de esta decisión del INE, las redes sociales se han encargado de rescatar los mensajes de Twitter que la morenista publicó en contra de funcionarios de la administración de Calderón, del propio presidente al que siempre llamó “enano’’ y en contra de Margarita Zavala, así como en contra de Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota.
Entonces no había esa clasificación de violencia política en razón de género; el tono de los mensajes de la hoy legisladora es el mismo que utilizan en su contra sus detractores.
Si el INE está dispuesto a mantener las medidas cautelares (que Salinas Pliego rechazó tajantemente), deberá tener un ejército de supervisores dedicados a vigilar las redes sociales para frenar cualquier expresión que considere violenta.
Eso deberá incluir también los millones de mensajes de odio que han recibido por parte de los morenistas Xóchitl Gálvez, por ejemplo, o Beatriz Paredes, quien dijo que la victoria de López Obrador en el 2018 fue “un accidente histórico’’.
Falta aún que el Tribunal Electoral valide las medidas cautelares que dictó el INE en contra del CEO de Grupo Salinas y es muy probable las rechace y devuelva el dictamen al INE, por lo menos para que lo sustente mejor.
Pero no es una buena señal para la sociedad en general que el árbitro electoral quiera imponerse ahora como el agente de lo políticamente correcto.
Quizá entre políticos y funcionarios públicos, pero no con la sociedad civil. ¿Ustedes qué opinan?
