Los lugares intervenidos están relacionados con delitos contra el uso correcto del agua a través de la extracción clandestina, sobreexplotación de pozos y “ordeña” de redes.
Con el fin de interrumpir la cadena de comercio ilícito de agua que se registra en municipios del Estado de México, inició la Operación “Caudal” con despliegues y acciones operativas simultáneas en 48 municipios para desarticular redes dedicadas al robo y comercialización ilegal del agua, proteger el abasto para la población y restablecer la legalidad en el suministro.
En el operativo participaron elementos de varias instituciones de seguridad, así como organismos federales, estatales y municipales de agua.
Iniciaron con un despliegue de elementos en los municipios de: Acolman, Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Calimaya, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Jilotzingo, La Paz, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Otumba, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, Santa María Rayón, Soyaniquilpan, Tecámac, Tejupilco, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Tlalmanalco, Tlalnepantla, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango.
Tras las denuncias presentadas por algunos ciudadanos, así como la información aportada por el CNI y autoridades municipales, la FGJEM inició diversos expedientes de investigación, que permitieron identificar cadenas de comercio ilícito de agua que utilizan pozos sin autorización alguna, o con infraestructura mecánica y eléctrica para su sobre explotación, así mismo fueron detectadas redes ilícitas de donde se hurtaba el líquido y posteriormente era distribuido y comercializado con tarifas abusivas sin que los recursos fueran incorporados al erario público o a algún organismo administrador.
Las pesquisas establecieron que, el agua extraída de los pozos clandestinos no era procesada para potabilizarla, sólo la cloraban lo que podía causar afectaciones salubres a la población; y para la distribución, se hacia a través de prácticas de acaparamiento, utilizaban pipas de diferentes capacidades, incluso tipo tráiler denominadas “salchichas”, sin que contaran con los permisos obligatorios.
La ciudadanía era obligada a comprar el líquido solamente a los transportistas agremiados a alguna organización, para lo cual identificaban sus transportes con logotipos y calcomanías.
Estas acciones eran realizadas por organizaciones sociales con fachada de sindicatos, como los autodenominados Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, “USON”; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, “ACME”; “Los 300” y/o “Unión 300”; “Libertad”; “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”, entre otros, así como comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades.
Conforme al Código Penal del Estado de México, se establece que las principales conductas asociadas a los delitos señalados como extracción, distribución, suministro y comercialización de agua potable sin la autorización legal correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido. Adicionalmente fueron identificadas prácticas extorsivas, de acaparamiento, despojo de agua, robo, encubrimiento y abuso de autoridad.
Con el propósito de combatir el lucro ilícito derivado del comercio ilegal de agua, la Fiscalía ejecutó 152 técnicas de investigación de cateo. Desplegando mediante acciones operativas simultáneas en 48 municipios, permitiendo intervenir 189 inmuebles a través de 142 técnicas de investigación de cateo y 47 inspecciones, en estos lugares fueron localizados 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas.
Fueron asegurados 322 transportes tipo pipas de diferentes capacidades, 37 vehículos diversos y fueron detenidos siete sujetos en flagrancia, dos de ellos por su probable participación en el delito contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública, dos más por portación de arma prohibida, dos por delitos contra el servicio público y distribución del agua, y un sujeto por ataque peligroso y portación de arma prohibida, quien habría accionado un arma de fuego para evitar la inspección de un inmueble en el municipio de Lerma.
Las acciones operativas no afectaron el funcionamiento de la infraestructura y pozos oficiales, y el Gobierno del Estado de México, a través de la CAEM, en coordinación con organismos de agua municipales, contaban con un plan para poder atender alguna contingencia de abasto.
