Se podrán inhabilitar hasta 20 años, realizar destituciones y sanciones económicas derivadas de las investigaciones.
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que 34 personas servidoras públicas fueron sancionadas por incurrir en faltas administrativas, con medidas que van desde amonestaciones y suspensiones hasta inhabilitaciones de hasta 20 años y multas económicas superiores a 1.8 millones de pesos.
Las resoluciones derivaron de investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades en dependencias como la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Secretaría de Economía, Profeco, Agencia Nacional de Aduanas de México y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Entre las sanciones por faltas graves destaca la inhabilitación por 20 años impuesta a un servidor público de la Escuela Secundaria “Emiliano Zapata” en la Ciudad de México por acoso sexual contra estudiantes. Asimismo, se aplicaron sanciones económicas e inhabilitaciones a personas servidoras públicas de Sader, Secretaría de Economía y Profeco por irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos, autorizaciones indebidas y asignación de viáticos.
De igual forma, se impusieron sanciones a personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México y CFE por conductas contrarias a la función pública, mientras que otras resoluciones contemplaron suspensiones, destituciones e inhabilitaciones por faltas administrativas no graves en instituciones como Pemex, Guardia Nacional, IMSS, Conafor, ISSSTE, Banobras, Banco del Bienestar y Sepomex.
La dependencia señaló que las sanciones fueron determinadas conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las conductas acreditadas, y aseguró que defenderá las resoluciones emitidas en caso de que sean impugnadas.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró su compromiso de combatir la corrupción, fortalecer la ética en el servicio público y promover la legalidad, honestidad e integridad dentro de las instituciones del Estado mexicano.
