El Tribunal de Disciplina Judicial tendrá la facultad de emitir amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas.
Andrés Manuel López Obrador ha jugado sus piezas a su conveniencia y, con el Poder Judicial en la mira, trabaja a marchas forzadas para que los ministros, jueces e integrantes de dicho poder – contrapeso hasta ahora del Ejecutivo y Legislativo – sea objeto de sanciones por un Tribunal de Disciplina Judicial, que se crearía si se aprueba la iniciativa que envió el presidente el pasado 5 de febrero, junto con otros 17 proyectos de reformas constitucionales.
Se establece que las decisiones de este órgano del Poder Judicial de la Federación “serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de éstas”, señala el proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.
Asimismo, el Tribunal de Justicia Judicial se integraría por cinco miembros, electos por la ciudadanía, que durarían 6 años en su encargo, y serían propuestos por el titular del Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Tribunal de Disciplina “podrá conocer, investigar, substanciar y, en su caso, sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia, incluyendo aquellas vinculadas con hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia”, determina la iniciativa.
Por lo que tendrá la facultad de emitir amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas.
En el caso de la destitución e inhabilitación de los ministros, ésta se sujetará a los términos del Título Cuarto de esta Constitución, sobre las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.
La iniciativa del presidente López Obrador establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Magistradas y los Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de Distrito y las Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía, el primer domingo de junio en las elecciones ordinarias.
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo 12 años. Y el Pleno de la Corte se compondrá de nueve integrantes.
Las Magistradas y Magistrados de Circuito, así como las Juezas y Jueces de Distrito, durarán en su encargo nueve años y podrán participar para ser reelectos cada que concluya su periodo.
No podrán hacer pre campaña, y durante el lapso legal de campaña, los candidatos a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, tendrán derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria.
