El recurso impugna el Decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la segunda controversia constitucional en contra del Plan B de la reforma electoral.
El recurso impugna el Decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo de 2022.
El órgano electoral informó que a través de esta impugnación defiende no sólo su autonomía, sino el Estado democrático establecido la Carga Magna, ante el cúmulo de “violaciones constitucionales” detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que, señaló, vulneran 25 disposiciones constitucionales.
El recurso interpuesto se suma a la controversia constitucional presentada por el INE el pasado 1 de febrero en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.
“En la demanda presentada hoy se solicita al máximo tribunal del país que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el INE y a los derechos políticos de la ciudadanía”, explicó.
Detalló que la controversia está articulada en cuatro ejes, de los cuales el primero señala la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, que “en franco fraude a la ley, impactaron en la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria”.
Señaló como segundo elemento la vulneración a la autonomía e independencia del INE por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo: “El INE demanda la invalidez de gran parte de la reforma, derivado de las violaciones constitucionales que afectan su autonomía, independencia, así como la invasión a su esfera competencial”.
El tercer elemento que argumenta la controversia refiere la vulneración a las condiciones de equidad debido a que la reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas.
Y el cuarto elemento que presenta el INE es la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del organismo que provoca dicha reforma.
“En este recurso, se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral”, indicó.
El INE remarcó que tiene plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la SCJN se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma.
