Por Luis Pinal Da Silva
A pesar de ser un derecho ciudadano fundamental, es común que a los gobiernos les incomode el escrutinio público y traten de que no se de a conocer información que puede generar cuestionamientos a sus decisiones, sobre todo al manejo de los recursos públicos y asignación de contratos, pero me parece que nunca como ahora habíamos visto tanta resistencia a la transparencia.
Han pasado 56 días sin que pueda sesionar el Pleno del INAI por la negativa de la mayoría oficialista en el Senado para nombrar a las personas que deben cubrir las tres vacantes en ese órgano autónomo en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, dos de las cuales tienen más de un año incumpliendo con una obligación constitucional sin que parezca importarles, ignorando también las resoluciones judiciales que se han emitido. Ayer venció el plazo ordenado por una juez para que la comisión permanente del congreso convoque a periodo extraordinario y el Senado cumpla con estas designaciones., pero al momento de escribir estas líneas no había señales de que acatarían.
Actualmente el INAI tiene pendientes alrededor de 4 mil 500 recursos de revisión que han presentado ciudadanas y ciudadanos inconformes con la respuesta de diversas autoridades federales para no entregar la información que les solicitaron, y que no puede resolver ante la imposibilidad de reunir el quórum ya que se requiere cuando menos de cinco integrantes y en este momento únicamente cuenta con cuatro como consecuencia de la premeditada omisión legislativa dejando a la ciudadanía en estado de indefensión. Con este gobierno prácticamente se ha duplicado el número de recursos de revisión ya que de 2015 a 2018 el INAI recibía 26.8 al día, en tanto que en los últimos cuatro años y medio se incrementó a 53 el promedio diario, principalmente porque declaran la inexistencia de la información o la clasifican como reservada.
Como lo señalaron la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos así como la organización Human Rights Watch, la plena integración del INAI es indispensable para garantizar el ejercicio del derecho al acceso a la información pública. Sin embargo, lejos de procurar las condiciones para realizar los nombramientos y fortalecer al órgano garante, el oficialismo ha respondido con una propuesta presentada ni más ni menos que por el presidente del Senado para desaparecer al INAI mediante una reforma legal y que sus funciones sean asumidas por la Auditoría Superior de la Federación -inicialmente propuso que fuera la Secretaría de la Función Pública pero ante tal absurdo tuvo que modificarla-, lo que es claramente contrario al artículo 6º constitucional que establece que debe ser un órgano autónomo, especializado y colegiado.
En su manifiesto desafecto por la transparencia y también por el Estado de derecho, el presidente López Obrador emitió en noviembre de 2021 un acuerdo para declarar proyectos y obras de infraestructura como de interés público y seguridad nacional, con lo que prácticamente se les exentaba del cumplimiento de requisitos y que toda la información quedara reservada en automático sin tener que justificarlo, por lo que la SCJN determinó que era inconstitucional dando la razón al INAI. Ante ello, el presidente decidió emitir un nuevo decreto casi en los mismos términos que el anterior en franco desafío a la SCJN -con el falaz argumento de que se busca parar las obras cuando de lo único que se trata es que cumplan en tiempo y forma con los requisitos legales y hagan pública la información-, y que ahora el INAI no puede combatir mediante una controversia constitucional debido a la parálisis en la que se encuentra.
La transparencia que no es más que hacer público lo público, el derecho a saber, que es una de las más importantes conquistas ciudadanas después de una larga lucha hoy, como quizá nunca antes, se encuentra seriamente amenazada por lo que es obligado preguntarnos ¿porqué tanta resistencia? ¿Qué quieren ocultar?.