Por: Marielena Vega
Más de 10 puntos son los objetivos centrales que se desarrollan en pro de un plan nacional de vivienda, en un documento bajo el nombre “Rumbo a un futuro habitacional y urbano sostenible” al cual tuvimos acceso, y en el que participan; la ABM, que preside Julio Carranza; la Concamin, al mando de Alejandro Malagon; la CMIC, bajo la tutela de Luis Méndez Jaled; Canadevi, que preside Alberto Moreno; Concanaco, que encabeza Octavio De La Torre y Coparmex, al mando de José Medina Mora Icaza.
Es un documento amplio que sabemos se comenzó a trabajarse desde inicios del 2023, con el objetivo de que la IP contribuya a ofrecer soluciones mediante ideas y propuestas que incluyen la retroalimentación de un Consejo Asesor plural e independiente, así como más de 40 diálogos y entrevistas con distintos actores.
Sabemos que se revisaron las políticas de vivienda y desarrollo urbano entre 2000 y 2022, se consultaron datos de las fuentes públicas más relevantes en la materia, así como estudios previos del ámbito académico, gubernamental y privado.
El documento es muy amplio, pero daremos una pincelada de lo que se propone en más de 10 puntos, que debería de consolidarse en los primeros 100 días de Gobierno a fin de detonar este gremio, por demás prioridad nacional, la vivienda.
Se plantea fortalecer el Consejo Nacional de Vivienda para articular la política habitacional entre los tres niveles de gobierno.
Establecer un grupo interinstitucional para diseñar políticas de vivienda social. Se puede constituir como una subcomisión en la Comisión Intersecretarial de Vivienda, conforme a la Ley de Vivienda, o por los mecanismos que establece el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Financiamiento a la compra y al desarrollo. Estrategia nacional para economías mixtas e informales. Debe estar encabezada por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda de la SEDATU e incluir programas federa les y estatales de ahorro para demostrar capacidad de pago.
Asimismo, se requieren instrumentos de micro financiamiento para la producción social asistida.
Estas acciones tendrán mayor impacto con la participación de nuevos intermediarios financieros como las Sofipos, cajas de ahorro y crédito social para captar ahorros, por lo que es importante mantener actualizado y transparentar el directorio de entidades ejecutoras de la Conavi y escalarlo a nivel nacional.
Además, se debe garantizar el acceso al crédito al final del periodo de ahorro de la mano del Seguro de Crédito a la Vivienda para disminuir el riesgo de los otorgantes del crédito hipotecario.
Seguro de Crédito a la Vivienda. Utilizar este mecanismo para aumentar el crédito hipotecario en segmentos no tradicionales. Se comenzaría con la configuración del marco normativo y los acuerdos con entidades de crédito.
Subsidios transparentes y focalizados. Diseñar un esquema mixto de subsidios directo para compradores en zonas urbanas con servicios, movilidad y fuentes de empleo. En los primeros 100 días, la CONAVI y la Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano de la SEDATU pueden definir las reglas de operación.
Programas de subsidio a la tasa y pronto pago. Crear incentivos para reconocer el pago anticipado y oportuno de hipotecas, ayudando a mitigar la carga económica sobre los compradores de bajos ingresos. Durante los primeros 100 días, el Infonavit, el Fovissste o los institutos estatales de vivienda pueden elaborar las directrices de estos programas y establecer acuerdos con instituciones financieras.
Apoyos focalizados para la autoproducción asistida. Promover la autoproducción de vivienda con asistencia técnica, enfocada en las familias con menores ingresos.
Subsidios y asistencia para regularizar terrenos. Se requiere actualizar las reglas de operación para hacer operativa la reforma a la Ley del INFONAVIT que permite otorgar crédito subsecuente a los acreditados que liquiden su crédito vigente.
Planes de desarrollo urbano y vivienda para la relocalización de inversiones. Desarrollar proyectos de vivienda accesible cerca de zonas industriales y turísticas, en colaboración con gobiernos locales y las subsecretarías de Ordenamiento Territorial y Agrario, y de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu.
La SHCP puede reconocer la construcción de vivienda social como criterio para asignar recursos federales a gobiernos subnacionales. Los primeros 100 días se centrarían en la definición de criterios y la estructura de asignación de recursos.
Vivienda sustentable. Emisión de bonos respaldados por hipotecas con taxonomía sostenible. Promover la emisión de bonos por parte de los bancos, alineados con criterios sostenibles, para atraer inversiones que permitan desarrollar vivienda adecuada. Los primeros pasos incluirían la revisión y el ajuste de la regulación pertinente por parte de la SHCP y la SHF. Y aún hay más, porque el tema de sustentabilidad y medio ambiente son la columna vertebral en el desarrollo de la vivienda.